Como ustedes ya saben, el pasado 23 de julio, en vísperas del cohete de Santa Ana, el Gobierno de Navarra confirmó la existencia de un informe elaborado por sus propios servicios jurídicos y adelantado el día anterior por este Ayuntamiento.
Dicho informe reconocía la incompatibilidad urbanística de la nueva planta de fangos y biogás proyectada por Nilsa en Tudela y, en consecuencia, instaba a la Dirección General de Medio Ambiente a poner fin al procedimiento iniciado para buscar un posible encaje a la chapuza perpetrada en noviembre de 2025, con el único objetivo, tal y como ha quedado demostrado, de dejar a Tudela fuera de la moratoria para nuevas plantas de biogás aprobada por el Parlamento foral el pasado octubre.
El 4 de agosto, en plena época vacacional, se nos notificó oficialmente que la huida hacia adelante de Nilsa y del Gobierno de Navarra había llegado a su fin: Medio Ambiente había decidido archivar el procedimiento.
Dar a conocer el informe jurídico en vísperas de Santa Ana, pese a que el Gobierno foral lo conocía desde hacía ya un mes, y notificar el archivo coincidiendo con el éxodo vacacional de los tudelanos fue una maniobra tan burda como previsible para intentar ocultar bajo la alfombra un fiasco sin precedentes y tratar de que pasara inadvertido ante la opinión pública.
Un esfuerzo inútil. Ya dijimos entonces que, llegado el momento, retomaríamos el asunto para exigir, entre otras cosas, las inevitables responsabilidades políticas de quienes han hecho cuanto ha estado en su mano, retorciendo plazos, normativas y procedimientos administrativos con un único objetivo: intentar perpetrar en Tudela uno de los mayores disparates ecológicos y medioambientales que se recuerdan, sin importarles el daño que podían causar a la Ribera y a una marca que tanto ha costado construir y consolidar, como es la marca Tudela, Capital de la Verdura.
No queríamos que Tudela se convirtiera en la capital del tratamiento y conversión en biogás de casi la mitad de los residuos fecales que se generan anualmente en Navarra. Por eso dijimos y seguiremos diciendo: No a la mierda. Y lo hacemos conscientes de que, con este Gobierno, no hay que bajar nunca la guardia.
A día de hoy, gracias a la perseverancia, la resistencia y la confianza en la justicia de este equipo de Gobierno, y gracias también a la profesionalidad de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y de otros funcionarios, que trabajan para defender el interés de los tudelanos y no para ningún partido político, la situación de la Planta Centralizada de Fangos de Tudela viene determinada por la Resolución 796E/2026, de 23 de julio, de la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, notificada al Ayuntamiento el pasado 4 de agosto.
Y esto es, sin duda, lo más importante: esta resolución pone fin y archiva el procedimiento de modificación sustancial de la Autorización Ambiental Unificada de la Planta Centralizada de Fangos de Tudela.
Lo hace por una razón concreta: la existencia de informes urbanísticos municipales desfavorables, considerados negativos y determinantes dentro del procedimiento.
Es decir, por los mismos motivos que veníamos advirtiendo desde finales del año pasado. El 16 de diciembre dije en esta misma sala que no era posible desarrollar instalaciones que no estuvieran previstas expresamente en los instrumentos de planificación y que no contaran con la debida autorización de su titular, que en este caso es el Ayuntamiento de Tudela.
Lo dije aquí y lo repetí cuantas veces fue necesario ante el consejo de administración de Nilsa, presidido por el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, que hizo caso omiso de la advertencia. La realidad, a día de hoy, es que el proyecto de Nilsa y del Gobierno de Navarra ha muerto.
Como en el célebre refrán, iban a por lana y han salido trasquilados, porque han sido sus propios servicios jurídicos los que han condenado el procedimiento al archivo y han dado la razón a Tudela, al señalar que el informe urbanístico emitido por el Ayuntamiento en mayo de 2026 concluía que el proyecto, tal y como se estaba tramitando, era urbanísticamente incompatible con el planeamiento y con la normativa aplicable al suelo afectado.
El intento de modificar la Autorización Ambiental Unificada está archivado. Y la Autorización Ambiental Integrada que el Gobierno de Navarra y Nilsa trataron de cerrar a contrarreloj en noviembre para sacar a Tudela de la moratoria de plantas de biogás no solo es papel mojado, sino que pasará a la historia como uno de los mayores fracasos, por no decir fraudes, de los últimos años.
Les decía antes que no vamos a bajar la guardia. El Ayuntamiento de Tudela mantiene actualmente dos procedimientos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, cuya resolución está pendiente. En ningún caso, sin embargo, alteran la resolución que ha puesto fin al actual procedimiento mediante el archivo de las actuaciones.
Ambos contenciosos están relacionados con el modo en que debía haberse tramitado este proyecto y tienen como objetivo dejar claro que, a nuestro juicio, se actuó incorrectamente desde el primer momento, buscando a la desesperada un subterfugio para evitar que el proyecto de Nilsa para Tudela se viera afectado por la moratoria de plantas de biogás.
Han sido meses muy duros. Como alcalde he tenido que soportar descalificaciones de todo tipo por parte de los responsables de Nilsa y del Gobierno de Navarra. Pero las más hirientes han sido las procedentes de la oposición municipal.
No porque me afecten en lo personal —a estas alturas estoy curado de espanto—, sino porque resulta doloroso y lamentable que, con tal de no enfrentarse a sus jefes en Pamplona para defender el interés de Tudela, hayan preferido apoyar abiertamente el proyecto de Nilsa, en el caso del PSN, o ponerse de perfil, como ha hecho Contigo Tudela, incluso frente a la contundente oposición de las principales asociaciones ecologistas.
Desde el Gobierno de Navarra y desde Nilsa me han llamado irresponsable; me han acusado de mentir, de jugar con el miedo, de generar falsas alarmas, de desinformar, de buscar únicamente rédito político y de alimentar bulos e informaciones sesgadas a partir de datos erróneos.
Y desde la oposición municipal se ha llegado a decir que Toquero miente, que es un caprichoso, que confunde, que confronta, que solo defiende intereses partidistas y personales, que es un populista, que utiliza este conflicto como arma electoral, que sufre un delirio severo y que su forma de actuar es una auténtica locura.
Bueno, pues al final parece que, como dice la canción, no estábamos locos y sabíamos lo que queríamos: evitar que el Gobierno de Navarra y Nilsa, con el apoyo —por acción u omisión— de la oposición municipal, nos metieran un gol por la escuadra a todos los tudelanos.
Y lo hemos conseguido.
Hemos llegado a tiempo de frenar este despropósito, a pesar del desgaste personal y del dinero y el tiempo que hemos tenido que invertir —que no gastar— para defendernos de este atropello.
Y hablando de dinero: ¿quién responde de esos millones de euros procedentes de fondos europeos y gestionados por el Gobierno de España que Nilsa iba a destinar a este proyecto y que ahora se van al sumidero?
Una lástima que el Gobierno de Navarra no pensara en esas partidas para otras iniciativas de verdadero interés para Tudela, como por ejemplo el centro Rafael Moneo en Sementales.
Ahora sí. Ahora es el momento de exigir responsabilidades políticas.
Sobre Ana Bretaña ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Tan evidente como que la han utilizado es que ella misma se ha dejado utilizar. Pero los principales culpables están más arriba.
Bretaña nos engañó cuando aseguró que la planta de biogás de Nilsa entraba en la moratoria y, a continuación, se prestó a acelerar un procedimiento exprés que permitiera rematar en apenas tres días la Autorización Ambiental Integrada que Nilsa necesitaba antes de la publicación de la nueva ley de moratorias en el Boletín Oficial.
Una autorización que fue recurrida y llevada a los tribunales por la propia Confederación Hidrográfica del Ebro y por este Ayuntamiento, al constatarse que el Gobierno de Navarra había invadido competencias estatales relacionadas con los vertidos al Ebro.
Lo que Ana Bretaña y quienes la asesoraban creían que iba a ser un paseo militar se encontró incluso con contestación interna.
No hay que olvidar que hasta cuatro técnicos fueron destituidos de sus puestos entre octubre de 2025 y marzo de 2026.
El gerente de Nilsa, Fernando Mendoza, debería plantearse su continuidad al frente de la empresa pública, después de posicionarse claramente a favor de una estrategia que ha terminado en una monumental chapuza.
Pero si hay una dimisión absolutamente inexcusable, es la del presidente de Nilsa y consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite.
Yo mismo le advertí en el consejo de administración de la sociedad de que lo que pretendían hacer no era legal. Ni siquiera me escuchó. Miraremos, por supuesto, qué grado de responsabilidad tiene quien vota a favor de algo, aún siendo avisado de que se trata de algo ilegal.
Cuando la Confederación Hidrográfica del Ebro cuestionó la Autorización Ambiental Integrada concedida a Nilsa, el señor Chivite restó importancia al asunto y dijo que el requerimiento de la CHE no era más que una cuestión técnica entre administraciones para clarificar el encaje jurídico de la autorización. Y se quedó tan ancho.
Pero llegados a este punto, hay una pregunta que también debemos hacernos: ¿dónde está María Chivite?
La presidenta del Gobierno de Navarra no ha dicho ni una sola palabra sobre el archivo del procedimiento de la planta de fangos de Tudela. Ninguna explicación, ninguna valoración y por supuesto ninguna asunción de responsabilidades políticas después de que sus propios servicios jurídicos le hayan sacado los colores, dejando claro que, una vez más,Tudela tenía razón.
¿Será que la presidenta está demasiado ocupada con otros asuntos? ¿Será que prefiere dedicar su tiempo a seguir desmantelando la Sanidad en la Ribera, llevándose a Pamplona la única ambulancia de Tudela para el traslado de pacientes durante la noche?
La pregunta no puede ser otra: ¿qué responsabilidades políticas está dispuesta a depurar María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra después de todo lo ocurrido?
¿Qué credibilidad cree la presidenta que les queda a Óscar Chivite y a Fernando Mendoza para seguir al frente de sus cargos?
En circunstancias normales, tendrían que haber cesado ya en sus puestos o haberles exigido la dimisión. Pero también es verdad que para asumir responsabilidades políticas hay que tener un mínimo de dignidad. Y algunos, a la vista está, han dilapidado totalmente la suya.
Ya vale de actuar como si la cosa no fuera con ella. Que se moje. Los dos cargos dependen de ella. Quiero saber qué opina y, sobre todo, qué va a hacer.
Y termino ya.
Ha quedado claro que Tudela tenía razón cuando dijimos que los procedimientos administrativos se aceleraron a la desesperada, de manera torpe, desleal y torticera, para evitar que los tudelanos pudiéramos beneficiarnos de la nueva ley sobre plantas de biogás y haber entrando en la moratoria.
Nos insultaron y difamaron por defender a toda costa los intereses de esta ciudad, pero hemos demostrado que, con la verdad por delante, uno puede ir a cualquier parte.
Quiero acabar diciendo lo mismo que dije en mi comparecencia ante los medios en noviembre de 2025, cuando se hizo evidente la gran mentira de Ana Bretaña:
No se puede vencer a quien nunca se rinde.
Y mientras yo sea alcalde de esta ciudad, no me voy a rendir; no voy a permitir más mentiras ni engaños y por supuesto no voy a bajar la guardia.
Lo he dicho, lo digo y lo diré siempre: De Tudela no se ríe nadie.
